Como Departamento de Trabajo Medico del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación de 280 colegas pertenecientes al programa de formación de médicos para la atención primaria (FOREAPS), el que fue formulado y comprometido por el gobierno anterior de la Presidenta Michelle Bachelet. Este programa tenía como objetivo, dotar a los consultorios de atención primaria de médicos en formación de especialidad, los cuales se desempeñarían durante su periodo de formación intercambiando formación y trabajo durante 6 años.
El programa se inició en 2008 y se mantuvo en esas condiciones hasta el año 2011, cuando el gobierno del presidente Piñera modificó el concurso, buscando corregir algunas irregularidades, y propuso para los nuevos concursos una devolución de 3 años sobre el ciclo de 6, a los postulantes del año 2012, donde los colegas tuvieron la posibilidad libre de decidir si aceptaban tales condiciones; muchos cupos fueron desechados y otros se tomaron. Después de esta situación, y tras múltiples irregularidades en su marco legal, incluyendo forma de contratación, recursos en infraestructura para la atención primaria y en formación para los médicos que no se hicieron efectivos y municipios que no pagaron los aranceles a las universidades, se decidió suspender el ingreso de nuevas generaciones.
Sin embargo, hoy, el mismo gobierno que dio origen al Programa FOREAPS, quiere obligar a 300 médicos a prolongar por 3 años la devolución que ya cumplieron, incumpliendo los compromisos firmados en un principio y renovados año a año con los Servicios de Salud. Es decir, quiere solucionar una irregularidad con autoritarismo, forzando a los becados a asumir los costos del error ministerial.
¿Cuál es el sentido de este abuso de poder? ¿Cumplir con el número de 1000 especialistas por año para poder exponer este dato como una “medalla” para la próxima campaña presidencial, no importando la forma en que se consiga? Se trata de una medida cortoplacista, autoritaria, de esas a que nos tiene malacostumbrados nuestra elite política, ya que si en el MINSAL tuvieran una mirada a largo plazo sabrían que al menos el 90% de los especialistas afectados tienen la intención de quedarse en la Salud Pública, a pesar de haber sido sistemáticamente maltratados por la autoridad, sin respetar el tremendo compromiso que tienen con la Salud Pública de Chile y sus centros formadores.
Esta no es la forma de mantener de fortalecer el recurso humano en el sistema público de Salud, sino ofreciendo condiciones laborales básicas, infraestructura adecuada para atender de manera digna a los pacientes y capacidad resolutiva en la atención primaria; estas medidas quizás mantendrían a los médicos por toda una vida en el servicio público, pero la miopía de una política viciada no permite ni siquiera cumplir con la palabra empeñada.
Por todo lo anterior, desde nuestro Departamento exigimos que el MINSAL cumpla con los convenios firmados entre 2007 y 2011, y acepte que su error en la confección de regulaciones no puede delegarse en los afectados; que promueva condiciones adecuadas para que los médicos vuelvan al servicio publico y termine con la escalada de medidas persecutorias. Quizás en ese momento los médicos retornen a los consultorios y hospitales y no sientan que trabajar en el servicio público es homologable a una multa que tuvieran que pagar.
Gonzalo Rubio Schweizer
Presidente Departamento Trabajo Médico
Consejo Regional Santiago
