Reportaje de Víctor Carvajal en Reportajes de investigación de Ciper.cl
Los hospitales del Salvador en Santiago y de Ixtapaluca en México, están unidos por un cordón invisible. Ambos están concesionados a las mismas empresas: Assignia y GIA+A. Mientras en Chile los funcionarios intentan revertir la cesión a estos privados, en México la falta de sueros e insumos para curaciones y los despidos arbitrarios son el sello de su gestión. La socia chilena en la adjudicación del Salvador es Cosal, propiedad de Samuel Levy, la que se benefició con la licitación “a dedo” para construir edificios del Poder Judicial en 2011, hecho que aún investiga la fiscalía.
En apenas diez días y a sólo dos meses de que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, se firmó en enero pasado la resolución que decidió el destino del nuevo Hospital del Salvador y de los US$679 millones que, según los últimos cálculos, pagará el Estado por los estudios previos, la edificación y equipamiento bajo la modalidad de concesión a privados. La millonaria inversión para levantar los 165.948 metros cuadrados que involucra el proyecto, resulta US$ 185 millones más caro que si el Estado lo hiciera con fondos fiscales. La concesión fue adjudicada al Consorcio de Salud Santiago Oriente, conformado por una empresa chilena (Cosal), una española (Assignia Infraestructuras) y otra sociedad mexicana (GIA+A).
Al rechazo que provocó esta licitación entre los funcionarios del hospital que paralizaron 28 días, se suma un nuevo frente de problemas. Ni los sindicatos ni los ministerios repararon en que las dos empresas extranjeras -Assignia y GIA+A- enfrentan graves problemas en México por la pésima gestión que llevan a cabo en el Hospital de Ixtapaluca, uno de los más importantes construidos en los últimos años bajo la misma modalidad de concesión en ese país. De allí que resulte extraño que siendo públicas las acusaciones por la mala atención a los pacientes, la falta de medicamentos y el despido arbitrario de personal que actualmente remecen a ese establecimiento, situado a 30 kilómetros de la capital mexicana, se haya entregado en Chile a las mismas empresas una obra de esa envergadura.
LA CONEXION CON MEXICO
CIPER indagó las denuncias sobre la gestión en el Hospital Regional de Alta Resolución de Ixtapaluca, inaugurado en 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, quien en su discurso se enorgulleció de la obra destinada a atender a los habitantes más modestos de ese municipio.
Hospital de Alta Resolución de Ixtapaluca
El modelo de concesión hospitalaria es reciente en México. Partió con los gobiernos del PAN (Vicente Fox y Felipe Calderón) y ha sido bien recibido por el actual Presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, cuya secretaria de Salud (ministra) Mercedes Juan López recibe críticas de la oposición de izquierda por profundizar la privatización hospitalaria, acusaciones que se mezclan con denuncias de corrupción con fondos de salud en varios estados mexicanos, donde los hospitales funcionan de caja pagadora política afectando la atención a los pacientes. La misma Mercedes Juan reconoció este año que en Tabasco y Morelos había déficit de insumos médicos debido a desfalcos.
Ixtapaluca, en la lengua indígena, significa “lugar donde se moja la sal” y al parecer el gran proyecto de Calderón se está haciendo “sal en el agua”. Así lo asegura desde la capital mexicana el director de la revista Imagen Médica, Valentín Cardona Sosa, quien publicó dos artículos apuntando a las inoperancias y conflictos desatados en el hospital, cuyo contrato de concesión por 25 años incluyó construir seis edificios de cuatro pisos, con un total de 246 camas.
El pasado 1 de agosto ocurrió algo inesperado. En el Diario Oficial de México se publicó el aviso que modifica los estatutos del hospital y le añade la atención de “segundo nivel” (enfermedades de menor complejidad), lo que implicará un aumento del personal y una mayor demanda de pacientes.
La descripción que hace Valentín Cardona Sosa en la revista Imagen Médica sobre el hospital de Ixtapaluca es devastadora: dos años después de abrir ”no se ocupa ni al 10% de su capacidad, carece de insumos, de medicamentos y de personal y mucho menos sirve para atender a la gente más pobre del país. Es un negocio para unos cuantos”, asegura. Y comenta que el reciente agregado de atención de “segundo nivel” es para atraer más pacientes. “Esto es el fracaso de la concepción del hospital y están buscando darle utilidad a ese elefante blanco que cuesta una fortuna mensual a los mexicanos”, comentó a CIPER.
En México hay un creciente debate de expertos sobre las concesiones hospitalarias. El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y doctor en Economía, Diego Leal Fernández, comentó a CIPER que este tipo de asociación público-privada mexicana “confirma que las nuevas joyas resultan más caras que si el Estado las hubiera levantado. ¿Y quién termina pagando? El ciudadano elector vía sus impuestos”. (Vea una columna de Gustavo Leal).
En el Hospital de Ixtapaluca la relación laboral también se ha resentido y falta personal capacitado: “El acoso laboral y el hostigamiento son una constante, muchos han tenido que renunciar. Y en materia de medicamentos e insumos todas las áreas atraviesan por momentos muy críticos, por ejemplo, no hay soluciones parenterales (preparaciones que mezclan suero con otro medicamento) ni soluciones salinas (el suero típico) ni catéteres periféricos ni material de curación. Los trabajadores calculan estar en un abastecimiento del 30%, cuando mucho”, agrega Cardona.
Las acusaciones apuntan a que hay vacíos en el contrato, pues el concesionario, el ministerio y la dirección médica del hospital literalmente se “pasan la pelota” a la hora de establecer a quién le corresponde comprar determinados insumos (jeringas y gasas, entre otros) y demoran los tratamientos a los pacientes, según cuentan funcionarios del hospital.
En todo caso las críticas no han llegado al mundo de los negocios, donde la evaluación económica sobre el Hospital de Ixtapaluca es positiva. (Vea el informe de la clasificadora de riesgos Fitch Ratings).
GIA, ASSIGNIA Y SUS RELACIONES CON POLÍTICOS
La constructora GIA+A es controlada por Hipólito Gerard Rivero, quien se convirtió en cuñado del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (PRI), cuando éste se casó con su hermana Ana Paula Gerard. Se ubica entre las 12 constructoras más importantes del país, según un artículo del sitio mexicano de noticias económicas milenio.com. Recientemente levantó el edificio corporativo de Walmart en México y en 2013 finalizó un centro penitenciario en Oaxaca.
Entre sus especialidades está el ámbito de arquitectura de interiores, donde registra una lista de selectos clientes, como Metlife, Barclays, HSBC, Microsoft y Apple.
La relación familiar entre los Gerard y Carlos Salinas de Gortari -quien vive entre Irlanda y México- ha hecho recordar en los medios aztecas el halo de corrupción que rodea al ex mandatario del PRI y a sus cercanos. Incluso, el ex presidente Miguel de la Madrid dijo en 2009 que Carlos Salinas había robado fondos reservados del país y amparado a su familia en negocios ilícitos, incluyendo a su hermano Raúl en el narcotráfico, aunque ningún Salinas de Gortari ha sido condenado. (Vea la entrevista a De la Madrid).
Assignia Infraestructuras es una filial del grupo español Essentium, cuya cabeza es Susana Monje (42) quien además es tesorera del Club de Fútbol Barcelona. La compañía que fundó su padre ha tenido un fuerte crecimiento internacional, con presencia en 40 países, y en América ha clavado sus negocios más importantes de construcción y energía en Brasil y México. Pero la mala noticia es que Monje es investigada por presunto lavado de activos vinculados con el desaforado diputado catalán Oriol Pujol, por tráfico de influencias, hijo de Jordi Pujol, el legendario líder de CiU que hace pocos días reconoció haber mantenido más de 33 millones de euros ocultos en un paraíso fiscal (Andorra), desatando un escándalo en Cataluña.
La empresa de Monje también ha sido apuntada por artículos de la prensa de Colombia que la acusan de “abandono de obras”. (Vea un reportaje de eltiempo.com y otro de elinformador.com)
EL SOCIO CHILENO
El nombre de Samuel Levy nada dice al ciudadano común, salvo en la Comunidad Israelita Sefaradí, de la cual es segundo vicepresidente. Sin embargo, quienes circulan bajo el paso a nivel de Los Leones o los que asisten al Estadio Monumental y los que se divierten en el Polideportivo Arena de Puerto Montt están haciendo uso de obras que levantó su Constructora Cosal o alguna de las sociedades en la que está ramificado su imperio de hormigón. La más reciente de sus sociedades es la que construirá y operará el Hospital del Salvador con sus socios mexicanos y españoles. (Ver recuadro de sociedades de Samuel Levy).
En 1975 fundó la constructora Cosal y bajo ese alero ha realizado más de mil edificaciones por US$1.500 millones, según informa la propia empresa en su web. En los últimos años incursionó en las concesiones de obras públicas para aeropuertos, junto a una compañía suiza. Pero Cosal también se ha visto involucrada en varios juicios con el Fisco, la mayoría de ellos originados por multas debido a supuestos atrasos. El caso más delicado es la investigación aún abierta del Ministerio Público sobre cómo consiguió quedarse con la construcción de cinco de seis importantes edificios de tribunales, sin licitación pública.
Las revelaciones sobre la forma en que se adjudicó la edificación, en 2011, implicaron la caída del entonces ejecutivo máximo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Miguel Sánchez, y de Gonzalo Díaz, uno de sus principales subalternos. Ambos fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunto fraude al fisco. Levy es investigado en calidad de imputado, pero no ha sido querellado ni formalizado y en la Fiscalía se comenta que ha tenido una actitud colaborativa con la investigación.
Las indagatorias las lleva desde 2011 la fiscal jefe adjunta de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien dijo a CIPER que proyecta que hacia fines de año culminarán las pesquisas y se definirá si el caso prospera o no. Durante este largo periodo se han realizado, asegura, múltiples diligencias para detectar si hubo enriquecimiento ilícito y si para ello existieron vínculos con la empresa.
El caso estalló cuando CNN Chile reveló una grabación en la que el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, expresaba su parecer contrario a que las posibles irregularidades en la construcción de los edificios en San Antonio, Limache, Iquique, Buin y Peñaflor, fueran investigadas por el Ministerio Público. Para Juica, se trataba de un tema administrativo y no penal. Sin embargo, tras el revuelo que causó la grabación, la misma Corte Suprema entregó los antecedentes a la Fiscalía Nacional.
Entre las diligencias importantes que restan para cerrar la investigación, está tomar declaración a los ministros de la Corte Suprema, aunque la fiscal no explicó si es eso precisamente lo que ha demorado su cierre.
La fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado han trabajado cooperativamente, dice Chong. Lo primero que hicieron fue un análisis jurídico que arrojó que la corporación no estaba legalmente obligada a licitar la construcción, por lo que el único delito perseguible es la sospecha de “coimas”.
Las investigaciones partieron por chequear si había algún familiar de los querellados trabajando en la constructora. “Se ha realizado todo el cerco posible”, explica la fiscal sobre las indagatorias: mediante orden judicial se revisaron los mails de la empresa y de los ex funcionarios de la CAPJ, también el tráfico de llamadas telefónicas y se levantó el secreto bancario. Además, se revisó documentación contable de la constructora.
Los querellados, cuenta Chong, niegan que hubo coimas de por medio y explican que la razón para no licitar fue que había apuro del Poder Judicial para construir los edificios y que ya se había trabajado antes con la empresa de Levy. A su vez, el empresario -que ha sido interrogado en más de una ocasión- argumenta que su constructora ya había efectuado el trabajo de planos de los inmuebles de la CAPJ.
Para ser admitido como oferente en la concesión del Hospital del Salvador, Cosal no podía tener litigios pendientes con el Fisco. Este año, en el periodo en que la Contraloría General de la República tramitaba la “toma de razón” del contrato de concesión del hospital, se cerraron tres litigios que Cosal mantenía con el Fisco. En el primero, la empresa se desistió de apelar ante la Corte de Apelaciones de Arica por una multa del Servicio de Salud local cursada por atraso en la edificación de un centro de atención. En el segundo, la Contraloría rechazó un recurso de Cosal contra el Serviu por una multa de $83 millones debido a retrasos en la construcción de un corredor del Transantiago. Por último, fue archivada la denuncia de Sernapesca contra Cosal por extracción ilegal de áridos en el río Cautín (Región de la Araucanía), que causó mortandad de peces en 2012.
EL LARGO ROUND DEL SALVADOR
El plan de 12 hospitales concesionados que dejaron los ministerios de Obras Públicas y Salud de la administración anterior (valorizado en US$2.206 millones en construcciones) estalló como una bomba de tiempo apenas se instaló el gobierno de Michelle Bachelet, que ordenó suspenderlo.
La nueva administración retiró de Contraloría el proceso de concesión del Hospital Sótero del Río y congeló la venta de las bases de licitación de los centros asistenciales de Quillota, Marga-Marga, Linares, Chillán y Curicó. En el caso del proyectado Hospital de Puente Alto, ni siquiera se alcanzó a poner en marcha su proceso de concesión. Pero no se pudo echar pie atrás en la concesión de los hospitales del Salvador ni Félix Bulnes, las que ya habían completado el trámite de “toma de razón” en la Contraloría. En los casos de La Florida, Maipú y Antofagasta, las concesiones ya estaban en ejecución (vea un cuadro de las doce concesiones hospitalarias).
La revisión ordenada por el gobierno, elevó las expectativas de los gremios de la salud que exigieron incorporar los hospitales del Salvador y Félix Bulnes en el paquete de concesiones congeladas. La reacción más dura fue la de los funcionarios del Salvador que realizaron un paro de 28 días, dejaron de atender 10 mil consultas y suspendieron cerca de mil cirugías programadas durante julio para exigir que se anule el contrato de concesión por 15 años ya adjudicado al consorcio de Cosal, GIA+A y Assignia. Pero deshacer el acuerdo podría costar al fisco un centenar de millones de dólares sólo para compensar al consorcio, el que tiene la sartén por el mango gracias a un contrato ya firmado por el Estado y visado por la Contraloría.
A las puertas de que esta semana terminen las negociaciones entre el gobierno y los funcionarios del Salvador, todo indica que el Ministerio de Salud no accederá a la demanda gremial, pues argumenta que no tiene presupuesto para invertir en el nuevo hospital. Para acercar posiciones, los representantes de la secretaría de Estado han planteado en la mesa de diálogo una alternativa intermedia: modificar el contrato con el consorcio para incluir un inspector sanitario que fiscalice al concesionario. No obstante, aquello podría significar más gasto de dineros públicos, aunque nadie se atreve por ahora a cuantificarlo.
A su vez, los trabajadores prepararon una contraoferta: no construir un nuevo hospital, sino restaurar el actual, agregando algunas edificaciones de menor tamaño, lo que ahorraría al fisco cerca de US$300 millones, incluso pagando la compensación al concesionario. Si el Ministerio de Salud lo rechaza, los gremios tendrán que decidir entre aceptar la propuesta gubernamental o reiniciar el paro.
Las negociaciones han sido cordiales, aunque no exentas de dramatismo, como las lágrimas de algunas dirigentas en la reunión del miércoles 13 de agosto al argumentar contra la concesión, pues rechazan entregar el hospital a privados. En todo caso, la mayoría de los servicios no médicos de dicho hospital ya están externalizados a particulares, salvo la logística (transporte) y parte de la alimentación.
LICITACION A TODA CARRERA
Cualquiera sea el epílogo del conflicto entre el ministerio y los funcionarios del Hospital del Salvador es posible que su resonancia ayude a proyectar luces sobre las zonas oscuras del proceso de concesión de éste y otros hospitales. Las preguntas que aún no tienen respuesta son varias: ¿Por qué se mejoraron sustancialmente los subsidios y premios a los concesionarios comparado con las licitaciones de La Florida y Maipú? ¿Por qué se aumentó drásticamente la superficie de los proyectos respecto del plan original? ¿Cuánto realmente tendrá que pagar el Fisco a los privados, comparado con el escenario de financiar la construcción con fondos propios?
Para responder estas preguntas es necesario rebobinar la historia hasta enero de este año. Ese fue el mes clave para la adjudicación del Hospital del Salvador al Consorcio de Salud Santiago Oriente y apenas en diez días se resolvieron todos los pasos que normalmente toman meses en la administración pública. La apertura de las Ofertas Técnicas de las cuatro empresas que competían (Sacyr Concesiones, Consorio Abengoa Chile-Inabensa Teyma, Consorcio Hospitales Salud y Consorcio Salud Santiago Oriente) se realizó el lunes 20 de enero ante los ministros de Obras Públicas, Loreto Silva, y de Salud, Jaime Mañalich. El martes 28 ya estaba concluida la evaluación de las ofertas. Las calificaciones fueron puestas sólo en ocho días, incluyendo un fin de semana, aunque debían revisarse decenas de variables y miles de páginas llenas de detalles y tecnicismos.
El miércoles 29 se abrieron los sobres de las Ofertas Económicas y el viernes 31 de enero, sólo dos días después, se adjudicó el hospital a la más barata: Consorcio de Salud Santiago Oriente. Aunque en la evaluación técnica sólo obtuvo la tercera calificación (con una nota 5,2), primó el factor económico: semestralmente el Estado le pagará 538 mil UF como subsidio fijo para la construcción (unos $ 12.912 millones).
En todo caso hubo situaciones más extremas en el apuro de la administración anterior por sacar adelante el plan de doce concesiones: la evaluación económica para el Hospital Sótero del Río se hizo en un día; las de Marga-Marga y Quillota en cero día, pues se resolvieron el mismo 7 de marzo en que se abrieron los sobres, según informó el Ministerio de Salud a la Comisión Investigadora de Infraestructura de Salud de la Cámara de Diputados.
Como punto de comparación, en el caso de los hospitales de Maipú y La Florida, la apertura de las Ofertas Técnicas se hizo el 18 de mayo de 2009 y su evaluación tomó tres semanas, pues el resultado se conoció recién el 11 de junio de ese año. Al día siguiente se abrieron los sobres de las Ofertas Económicas y su análisis demoró varias semanas. De hecho, el decreto de adjudicación lleva fecha del 11 de agosto.
MEJORANDO EL NEGOCIO
Las actuales autoridades de Salud aseguran que nadie del gobierno anterior les ha dado una explicación técnica del porqué del apuro ni tampoco de la razones para mejorar sustancialmente, en favor del concesionario, las condiciones de pago respecto de lo que se aplicó para los hospitales de Maipú y La Florida. Y los cambios no fueron menores.
De partida, la superficie en metros cuadrados del proyecto original del Hospital del Salvador creció de 126.264 metros cuadrados a 165.948 metros cuadrados (un incremento de 31,43%), lo que impacta en los costos y en los futuros ingresos del concesionario por el cobro de estacionamientos, pues se sumaron 541 espacios para recibir vehículos. Esto último puede significar varios millones de dólares de ingresos extras a la concesionaria en los 15 años que dura el contrato.
Pero lo más significativo está en el mejoramiento de algunas subvenciones que se pagarán al concesionario, como el estímulo por nivel de cumplimiento de los estándares que en el caso de Maipú y La Florida llegó a 5.640 UF semestrales (equivalentes a $ 131 millones)y en el Hospital del Salvador subirá a 54.500 UF, casi 10 veces más ($1.308 millones).
En el Ministerio de Salud, donde existía un Departamento de Concesiones que fue eliminado, dicen que tales mejoramientos pretendían estimular la presentación de empresas a la licitación. Pero si fue así, resultó un fracaso, pues al final llegaron cuatro postulantes, igual que para Antofagasta y Maipú-La Florida, porque no son tantas las empresas que tienen experiencia en este tipo de infraestructura.
La inversión requerida para construir los nuevos edificios, estacionamientos y equipar el Hospital del Salvador se acerca a los US$500 millones, estimación en la que coinciden el gobierno y el asesor de los gremios del centro asistencial, Matías Goyenechea, quien es director de la Fundación Creando Salud y políticamente cercano a Izquierda Autónoma, el grupo que encabeza el diputado Gabriel Boric.
Al obtener el financiamiento a través del concesionario, el Estado tendrá que pagar US$679 millones, sin considerar los subsidios variables por ocupación (que se cancelan cuando las camas ocupadas superan el 60% de la capacidad total) y el premio de 54.500 UF semestral por cumplimiento del contrato.
Según las autoridades, lo que se pagará anualmente al consorcio formado por Cosal, GIA+A y Aassignia equivale a construir un hospital similar al de Ancud cada año o tres centros asistenciales del tipo que existe en Chimbarongo.
Para el asesor Goyenechea, la modalidad de la concesión le saldrá al Estado 26% más caro que financiarlo con dinero público. (Vea la columna de Matías Goyenechea publicada por CIPER). El Ministerio de Salud no entregó a CIPER cálculos que comparen el costo del Hospital del Salvador financiado por concesión o directamente por el Fisco. Las únicas cifras que proporcionó se refieren al encarecimiento de la concesión del Salvador respecto de las ya realizadas den Maipú y La Florida: la administración podría llegar a ser hasta 57% más cara y la construcción, un 33%.
Para los gremios, el asunto menos debatido es cómo el modelo de negocios concesionado repercutirá en la atención de los pacientes del Salvador. En ambos lados de la mesa de negociación hay acuerdo en que los pagos al concesionario van a “estresar” el presupuesto de funcionamiento habitual del hospital. Hoy, en ese ítem, se gastan $30 mil millones anuales y se calcula que -si no se aumenta el presupuesto- tendrán que salir de allí $20 mil millones para pagar al concesionario, con lo que quedarán unos $10 mil millones disponibles. Esto, según los gremios, obligará al endeudamiento o a contener costos a expensas de la atención a los pacientes.
Este tipo de presiones sobre el presupuesto operativo, son las que, según indica el especialista mexicano Valentín Cardona Sosa, tienen al Hospital de Ixtapaluca sin suero ni material para curaciones. Mientras se multiplican las críticas contra GIA+A y Assignia, las dos empresas que administran ese centro asistencial mexicano –y que participan en el consorcio que se hará cargo del Hospital del Salvador-, las esquirlas también han mellado la figura de la ministra de Salud, Mercedes Juan López. Los procesos que ella ha encabezado para concesionar hospitales están siendo rigurosamente fiscalizados.
LAS SOCIEDADES DE SAMUEL LEVY
La Constructora Cosal, de Samuel Levy Benveniste, se ha especializado en obras de infraestructura de transporte y edificios, especialmente para el Poder Judicial. Estuvo a cargo de la repavimentación de la Alameda, en Santiago; de los estacionamientos de Plaza Perú, en Las Condes; de los corredores Transantiago de Lira y Santa Rosa; del edificio de la Corte de Apelaciones de Valdivia y la completa remodelación de la Corte de Concepción; junto con el Centro de Justicia de Iquique, los Juzgados del Trabajo de Santiago y la Contraloría de la Región del Bíobío, además de ganar las concesiones de los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y Puerto Montt, por mencionar obras relacionadas con el Estado.
Para desarrollar sus proyectos, Levy cuenta con un entramado de sociedades -junto a sus hijos Henry y Ariel-, cuyas matrices son Cosalco, Cosal (que tiene $5.055 millones de capital y con la que participa en la concesión del Hospital del Salvador) y Condeltech. A ellas agrega varias sociedades de inversión, como La Araucana Ltda. y Los Naranjos S.A., a través de la cuales controla otras sociedades que tienen un giro específico.
Entre sus socios figura Jacobo Ergas Ventura, quien participa en La Araucana Ltda., a través de la Sociedad Viento Claro.
Para entrar en el negocio del hospital, utilizó su sociedad Cosal, la que se unió a los inversionistas internacionales GIA+A y Assignia. Las tres constituyeron el Consorcio de Salud Santiago Oriente, con $20 mil millones de capital. Este no es el único emprendimiento de Levy con extranjeros. En 2007 creó la Sociedad Administrativa CH S.A., donde participa Cosal junto a las brasileñas Pampulha Engenharia Ltda. y Kubo Engenharia e Empreendimentos Ltda., además de la española Gesaworld.
A través de la Administradora de Concesiones IDC S.A. es socio en A-port Operaciones S.A. con la suiza Flughafen Zurich AG, dueña y operadora del aeropuerto de Zurich.
