Un plan de seguridad social para toda la población no excluye la posibilidad de continuar con planes complementarios que gran parte de los afiliados a isapres ya paga.
Desde que la Comisión Asesora Presidencial para el Sistema Privado informó que había aprobado la construcción de un Fondo Nacional de Salud que operaría como un seguro para toda la población se ha intentado levantar una polémica con omisiones y con argumentos incorrectos.
Nuestro sistema de aseguramiento en salud es anómalo en contexto internacional. No reconocer que las isapres no son seguros privados, sino que instituciones privadas que administran un seguro social es una omisión relevante. El problema no radica en la naturaleza privada de estas instituciones; el verdadero problema es que las isapres discriminan en función de los riesgos de salud. Siendo esto propio de un seguro privado, no lo es de la seguridad social, cuyo elemento más distintivo es la ruptura del vínculo entre contribución y riesgo de los individuos. Esto implica que todos contribuyamos al financiamiento de un sistema en función de nuestras capacidades, lo que permitiría tener un sistema para todos y para toda la vida y no uno que funciona sólo si tenemos altos ingresos o somos jóvenes y sanos.
En algunos planteamientos se confunde la función de asegurar con la de prestar atenciones de salud, indicándose que en un escenario de fondo único, la entidad aseguradora, a la que se identifica con el actual Fonasa, sería la única con la que los ciudadanos estaríamos obligados a recibir atención de salud. Esta interpretación, asociada a “nivelar hacia abajo”, no es correcta, pues un arreglo de seguridad social de fondo único puede desarrollarse con prestadores públicos y privados. Es básico entender que una cosa es un fondo único de salud para toda la población y otra distinta son las instituciones que entregan atención de salud. Afirmar, entonces, que la existencia de un seguro único obligará a toda la población sólo a hacer uso de los prestadores públicos es francamente errado.
Se omite, además, señalar que las personas afiliadas a isapres cotizan ya un promedio de 3%, adicional al 7% obligatorio. En los hechos, se están pagando seguros complementarios a las mismas isapres. En consecuencia, un plan de seguridad social para toda la población no excluye la posibilidad de continuar con planes complementarios que gran parte de los afiliados a isapres ya paga.
Este esquema permitiría a las isapres actuar a través de seguros complementarios de salud. Cabe destacar que hoy existe un mercado no regulado de seguros complementarios, los que son ofrecidos por clínicas y compañías de seguros que no son isapres. El aseguramiento en salud es una materia compleja que se aleja del comportamiento habitual de otro tipo de seguros. Los actuales seguros complementarios se someten a la regulación de la Superintendencia de Valores y Seguros, entidad que puede tener competencias para velar por los aspectos legales vinculados a los contratos, pero que no las tiene para supervigilar los aspectos sanitarios de los mismos.
Lo que en definitiva ha hecho la Comisión Asesora Presidencial al aprobar la construcción de un Fondo Nacional de Salud es proponer al país un norte para avanzar hacia una sociedad socialmente más integrada. Plantear que esto corresponde a una visión ideologizada es simplemente no entender que las desigualdades son un obstáculo para avanzar hacia el desarrollo y que la reducción de las inequidades es una tarea que como sociedad debemos emprender para llegar a ser un país de clase mundial.
