Fuente: La Tercera

“El nuevo ministro debe entender que las políticas públicas en salud no pueden hacerse como traje a la medida de las clínicas privadas o credos religiosos”, sostiene la declaración pública que elaboró el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico Regional Santiago, que expresa, además, un “profundo rechazo” a los cambios que realizó la actual administración al protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales y que flexibilizan las restricciones para los recintos que rechazan realizar este procedimiento en sus instalaciones.

El gremio criticó, además, que los cambios se realizaron de manera “unilateral” y advierten que “ponen en riesgo la salud de miles de mujeres que verán muy dificultado el acceso a una prestación médica que se encuentra asegurada por ley, lo que vulnera sus derechos”.

Las modificaciones que aluden los médicos corresponden a los requerimientos que la pasada administración había fijado para las instituciones que quisieran eximirse de realizar abortos. Entre estas destaca que las entidades que se declararan objetoras de conciencia no podrían mantener convenios con el Estado para la entrega de prestaciones obstétricas y ginecológicas, lo que fue finalmente anulado por la cartera que dirige el ministro Emilio Santelices.

Para el gremio, la nueva versión del protocolo facilitaría que numerosas entidades, en todo el país, declaren la objeción y no realicen el procedimiento, lo que, a su juicio, “transgrede bases fundamentales de los derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos en acuerdos suscritos por Chile, violentando a las mujeres”. Además, ven con “preocupación las trabas que se están colocando en la práctica, las que obligarán a miles de mujeres a una lenta y larga peregrinación por diversos dispositivos de salud para tener la opción de acceder a una prestación, que por ley, se encuentra ahora garantizada”.

Natalia Henríquez, presidenta del Colegio Médico Regional Santiago, dijo que “ya el hecho de que existan instituciones privadas que puedan ser objetoras ante políticas públicas es una anomalía, pero que, además, lo puedan hacer con una laxitud tal que ni siquiera lo tengan que justificar es francamente impresentable”, dijo, agregando que pedirá al Minsal revertir los cambios. “El primer protocolo resguarda más la atención de las mujeres que el actual, entonces lo que corresponde es que se revierta la situación. La solicitud concreta es que se reviertan las modificaciones”, indicó.

En la misma línea, se espera que durante la presente jornada acuda hasta las dependencias del Minsal la presidenta nacional del Colegio Médico, Izkia Siches, y solicite a Santelices que se revisen los cambios. “Le vamos a pedir que pueda revisar las modificaciones que se hicieron, ya que creemos que esos cambios tienen implicancias reales”, dijo Siches, añadiendo que “de no ser así, creemos que tiene que cumplir su rol inicial y analizar todos los convenios que tiene, y la Superintendencia de Salud, por su lado, los convenios de las isapres, porque aquí la desprotección de las mujeres es también un abandono de funciones del propio Estado”.

Desde la Pontificia Universidad Católica, su rector, Ignacio Sánchez, salió al paso de las críticas e indicó que “no me parece que fueron ajustes hechos a la medida. Nosotros hicimos una solicitud al Minsal, y éste con plena libertad hizo un protocolo que nosotros consideramos válido (…). Pero hay que aclarar que hay por lo menos otras dos o tres instituciones que presentaron argumentos al ministerio”.

El gobierno, en tanto, defendió su argumento respecto de que 700 mujeres que cada año son derivadas de urgencia al sector privado correrían riesgo si se suspendieran los convenios con estos centros. Al respecto, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos, indicó que “la propuesta que hay (protocolo actual) protege a más personas”.

Sin embargo, hoy en CNN, la ex subsecretaria de la misma repartición, Gisela Alarcón, sostuvo que las cifras y derivaciones a las que hizo alusión el Minsal se refieren a derivaciones mediante licitaciones de la Unidad de Gestión de Camas Críticas y no a los convenios a los que hacía alusión el protocolo de objeción de conciencia.

“Esas mujeres derivadas al sistema privado fueron siempre derivadas al sistema privado mediante un sistema de Gestión Centralizada de Cama con licitaciones que realiza Fonasa con una metodología que se llama GRD que no tiene nada que ver con los convenios DFL36 a los que nos referíamos en el primer protocolo (de objeción de conciencia institucional). Esas mujeres podían seguir operando con el primer protocolo. Yo quiero pensar que ha habido confusión en la información de la ciudadanía, no por falta de experiencia, sino que por haber estado en un proceso de instalación en el que todavía no tiene el teje y maneje”, dijo Alarcón.