Desde hace dos semanas las puertas del CECOSF Antumalal están cerradas. El equipo de salud de este emblemático centro de atención primaria de Quinta Normal no puede funcionar porque no cuenta con los implementos básicos para atender a los cerca de 4000 vecinos y vecinas del sector. Son eminentemente personas mayores, que estos días han debido ser derivadas al CESFAM Garín, a unos 40 minutos de camino a pie.
En poco más de dos meses este Centro Comunitario de Salud Familiar ha sufrido 3 asaltos. La última vez, hace dos semanas, se llevaron literalmente todo lo poco que quedaba: desde el único desfibrilador, instrumental dental, mascarillas, microondas y hasta los basureros. Las denuncias descansan archivadas sin responsables hasta ahora, y con la certeza que esta no será la última vez.
La impotencia es total, más aún cuando situaciones de este tipo -más graves aún- se repiten a lo largo de todo el país. Hace algunas semanas un CESFAM de la comuna de Pedro Aguirre Cerda fue escenario de una balacera. En abril, en el Hospital Sótero del Río se vivió una situación similar. El lunes recién pasado un sujeto le lanzó una botella en el rostro a una funcionaria del CESFAM Joan Alsina de San Bernardo, porque no le habrían entregado los medicamentos que pedía. El mismo mes de junio personal del Hospital de Rapa Nui se manifestaba por la falta de protección y los reiterados ataques, que esta misma semana tenían a una doctora con lesiones provocadas por una paciente en el box de atención.
Las agresiones a funcionarios y funcionarias de la salud, ya sea por frustración de los pacientes o por hechos delictivos al interior de los recintos, se están volviendo cotidianas. La vulnerabilidad de los equipos de salud y la falta de protección policial es una permanente demanda de los equipos.
Los hechos se repiten sin que hasta ahora tengamos un diagnóstico claro de la real dimensión del problema, dado que sólo los casos de mayor connotación pública son denunciados. Hace algunos días solicitamos a la Subsecretaría de Redes Asistenciales que oficie a los Servicios de Salud para que los hospitales de la red y directores de salud municipal informen sobre las agresiones infringidas al personal de salud, que por ley están obligados a denunciar, a fin de poder contar con información consolidada que nos permita conocer el real estado de la situación y evaluar cómo abordarla.
Estas situaciones no se pueden seguir naturalizando, porque no sólo se trata de los equipos de salud, ni de condiciones laborales mínimas, ni de un hecho policial. Cuando un centro es asaltado, o sus trabajadores maltratados, o un hospital se convierte en escenario de una balacera, es la ciudadanía en su conjunto la principal agredida. Es necesario un nuevo acuerdo social, en que las comunidades, las policías, autoridades y equipos de salud resguarden el funcionamiento tan necesario de los centros.
Dra. Francisca Crispi G.
Presidenta Consejo Regional Santiago – COLMED
