Dra. Dominique Truan, integrante Departamento de DD.HH. Consejo Regional Santiago Colegio Médico de Chile

Hace apenas un año, Chile dejó de ser de la minoría de países sin ley de aborto terapéutico, y pasó a despenalizarlo por tres causales. A pesar del enorme retraso en materia de derechos humanos de las mujeres, hoy celebramos este tímido paso a favor de ofrecer una salud digna a las mujeres de nuestro país. Me referiré, en esta columna, a tres aspectos del presente aniversario: descripción del número de interrupciones y sus causales, la objeción de conciencia y falencias identificadas susceptibles de mejoras.

A un año en vigencia de la ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), entre Septiembre de 2017 y Agosto de 2018, se registraron un total de 445 interrupciones con causal constituida. Esta cifra es inferior a lo esperado si tenemos en cuenta que al año se esperan entre 3.000 y 5.000 malformaciones incompatibles con la vida, al menos entre 600 y 1.000 embarazos por violación e innumerables embarazos que ponen en riesgo la vida materna.  Del total de interrupciones realizadas, 226 corresponden a la primera causal (peligro vida materna), 148 a la segunda causal (malformación letal) y 71 a la tercera causal (violación).

Con el transcurso del tiempo veremos el impacto de esta ley en la mortalidad materna chilena que lleva dos décadas estancada. Su principal causa, la patología indirecta (enfermedades preexistentes o de reciente aparición que padece la madre sin relación al embarazo tales como cardiopatías, patología renal crónica y enfermedades autoinmunes como el lupus), podría descender gracias a las interrupciones por causal uno o peligro de vida de la mujer. Eso sí, ampliar su entendimiento a salud materna amplificaría la capacidad de salvar vidas evitando muertes prevenibles.

Sobre la objeción de conciencia, definida como la negativa a obedecer la ley por motivos de conciencia, se puede confirmar que se convierte en un mecanismo de obstrucción para el acceso de prestaciones de salud legales y exigibles. Este fenómeno es mundial y está estudiado su impacto negativo en la salud de la mujeres, especialmente las más vulnerables. El panorama nacional muestra amplias variaciones del porcentaje de objetores que no responde todavía a algún argumento racional. Por ejemplo, en los servicios de salud de O’Higgins, Maule, Concepción, Araucanía Norte y Sur, Osorno y Reloncaví, más del 70% de los médicos son objetores de conciencia. Lidera la lista Osorno, sin ningún médico disponible a cumplir la ley  21030. Los servicios de Arica, Coquimbo, Talcahuano, Metropolitano Oriente y Arauco, en cambio, cuentan con menos del 39% de médicos objetores.

Tomando en cuenta las objeciones de conciencia según estamento del equipo de salud, vemos que en orden decreciente los que más objetan son médicos gineco-obstetras, seguidos de anestesistas, matronas y técnicos paramédicos. De los 1.140 ginecólogos contratados por el Estado, 20% se niega a realizar una interrupción aunque corra peligro la vida de la mujer, 27% se niega en casos de malformaciones letales y casi la mitad (47%) se niega cumplir la ley por violación.

Como Gineco-obstetra del servicio público, desempeñándome en una unidad de alto riesgo obstétrico y participando de un comité perinatal que evalúa la causal dos (malformaciones incompatibles con la vida), me atrevo a modo de hipótesis, a presentar algunas de las dificultades experimentadas por el equipo de salud.

Primero, reconocer la falta de formación en derechos humanos de los médicos. No estamos familiarizados con la bioética ni hemos entendido todavía que el paternalismo está obsoleto en medicina y tantas otras disciplinas. La autonomía es el principio bioético que más importancia ha tomado en el último tiempo, a consecuencia del cambio cultural y tecnológico de las sociedades modernas.

Segundo, la existencia de prejuicios del equipo de salud en torno al aborto. No hemos sido capaces de entender la interrupción del embarazo como una medida terapéutica, de última instancia y nunca anhelada en sí misma. Este prejuicio es compartido también por las usuarias y la sociedad chilena en general.

Tercero, reconocer que la ley se nos adelantó en lo técnico. En las escuelas de medicina y los programas de postgrado de ginecología y obstetricia, no somos entrenados en temas tan fundamentales como embarazo no deseado, aborto inseguro como pilar de la mortalidad materna mundial, salud sexual y reproductiva ni técnicas de interrupción de embarazo. Por ejemplo, seguimos usando el legrado uterino en vez de aspiración por falta de entrenamiento, a pesar de recomendaciones expresas de la Organización Mundial de la Salud e innumerables sociedades científicas internacionales de ginecología que lo desaconsejan por mayores complicaciones y costos.

Finalmente, esta ley de despenalización voluntaria del embarazo en tres causales ha abierto paso al debate, a la revisión de la bioética y los derechos humanos como tema fundamental en la práctica médica, a la incorporación de técnicas modernas para vaciamiento uterino y el inicio de la despenalización social del aborto. Esperamos que este tímido paso se convierta en un andar seguro y sin retrocesos en temáticas de salud y derechos de la mujer.

Dra. Dominique Truan

Integrante Departamento de DD.HH.

Consejo Regional Santiago Colegio Médico de Chile