Dra. María Isabel Matamala Vivaldi, integrante del Departamento de DD.HH, Consejo Regional Santiago
Toda vez que se militariza un territorio con el argumento de combatir el terrorismo, la rebeldía étnica o el crimen organizado, es preciso encender una señal de alarma: los cuerpos de las mujeres, en especial de niñas y adolescentes, quedan situados en calidad de cuerpos en riesgo, instrumentados como objetos centrales de la estrategia en marcha para someter la subversión y restablecer el orden del sistema.
En estas guerras localizadas postmodernas, la violación de las mujeres ya no es una externalidad negativa, hoy asume carácter táctico. Si bien las mujeres constituyen el territorio a victimizar, la agresión busca rebasarlas y apuntar al honor y cohesión de su colectividad y a los hombres que la integran.
Rita Segato Interpreta estos nuevos códigos de guerra como “la escritura en el cuerpo de las mujeres”[1]. Sostiene que, en esos cuerpos, se escribe la derrota material y moral del colectivo humano considerado enemigo.
En consecuencia, la “guerra contra el terrorismo” declarada hace más de un mes[2] contra grupos y comunidades del pueblo originario mapuche, instalando el Comando Jungla y tecnología guerrera de punta en La Araucanía, debe alertarnos en lo referido a la salud sexual, reproductiva, mental y social de mujeres, niñas y adolescentes mapuche. Más aún cuando el gobierno no se ha referido a prevención y sanción de la violencia sexual contra mujeres y niñas por parte de las tropas del Comando, entrenadas en Colombia y Estados Unidos. Omisión relevante, dados los antecedentes conocidos a nivel global acerca de recientes guerras.
Las fuerzas estatales o paramilitares son entrenadas para depredar sexualmente los cuerpos de las mujeres y niñas, y los perpetradores están en conocimiento que las violaciones masivas y sistemáticas son parte del plan de guerra. El machismo y racismo de las tropas naturaliza la violencia sexual y colabora eficientemente a la magnitud del daño.
Los seguimientos de las consecuencias que para las mujeres implicaron conflictos como los de Bosnia Herzegovina, Ruanda, Perú, Colombia y Guatemala, han sido documentados por el Tribunal Penal Internacional (PTI) y por Comisiones, entre otras, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico a las Violaciones de los Derechos Humanos y Hechos de Violencia (CEH), que publicó “Guatemala: Memoria del Silencio”(1997). Permiten afirmar que desde la violencia androcéntrica que direcciona la guerra, la violación masiva de las mujeres y las niñas es programada como castigo ejemplarizador de crueldad extrema. A los devastadores impactos negativos físicos, psicológicos y sociales que hoy soportan sobre sí las mujeres víctimas violadas, se agrega el estigma y la exclusión a que las han sometido sus patriarcales familias y comunidades de pertenencia.
De las 100.000 mujeres que sufrieron violación sexual en Guatemala, el 88.7% correspondió a mujeres mayas, 35% niñas, 0.3% ladinas y 0.1% otras, según revela el informe de la Comisión.
El Estatuto del TPl estableció, en los años 90, que la violencia sexual institucional -violación u otro acto que vulnere la integridad de la persona y la someta por coerción o intimidación, aun cuando no exista penetración- aplicada generalizadamente contra población civil en el contexto de una guerra, quedaba tipificada como crimen de lesa humanidad. La decisión significó un antes y un después en materia de derechos humanos.
Los cuerpos de las mujeres de los pueblos originarios son cuerpos precarios, casi invisibles desde sus subalternidades de etnia, género, clase y edad. El parto engrillado de Lorenza Cayuhan habla material y simbólicamente por sí solo.
La reflexión, el monitoreo riguroso de la salud sexual y reproductiva de las mujeres mapuche en los territorios bajo acción del Comando Jungla en La Araucanía, el indagar la salud de las comunidades, así como visibilizar las evidencias de violencia sexual cuando aparezcan, y estar dispuestxs para brindar atención de calidad y para ser testigxs o denunciantes si así lo requieren las circunstancias, a mi juicio, son tareas hoy ineludibles para quienes trabajamos en salud desde una ética con base en los enfoques de derechos humanos y de género.
[1] Segato Laura Rita, 2014.Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, Ed. Pez en el árbol, México
[2] 29 julio 2018
Dra. María Isabel Matamala Vivaldi
Integrante del Departamento de DDHH
Consejo Regional Santiago
