Dra. Natalia Henríquez. Presidenta Colegio Médico Santiago
Quienes trabajamos en establecimientos de salud públicos tales como centros de atención primaria, consultas de especialidad y hospitales hemos sido testigos de la postergada realidad que presenta la infraestructura pública, junto al desabastecimiento de insumos y medicamentos. El daño e impacto no solamente repercute en la atención clínica y experiencia del paciente, sino también en el equipo de salud quienes deben afrontar la precariedad y restricciones con un alto costo en el bienestar individual y deterioro del ambiente laboral. Lamentablemente los medios de comunicación han informado con una cobertura y rigor limitado respecto a la magnitud y trasfondo de esta situación, generando escenarios que llevan a apreciaciones y expectativas erradas en la ciudadanía, agravadas con comentarios públicos de alta autoridades que no empatizan con el malestar y menoscabo de usuarios y pacientes.
Estas son señales de una realidad que hasta ahora no hemos sido capaces de enfrentar: la postergación de la salud pública como prioridad para el Estado. Hemos sido espectadores de la desregulación del mercado de la salud que ha venido a reemplazar un derecho social. Hemos sido cómplices de no denunciar los riesgos a que se expone nuestra población al atenderse en un sistema de salud que no posee los recursos necesarios para entregar una atención con los estándares de calidad y seguridad que requieren con la convicción de creer que “es mejor dar lo que se tiene que nada en lo absoluto”, sin embargo esa no debiera ser una opción a valorar, nuestra aspiración debe ser dar la mejor atención de salud que somos capaces y para la que fuimos formados.
Nos han hecho creer que el gasto en salud es adecuado y que los problemas son meramente de gestión pero la verdad es otra, nuestro gasto público en salud (4,9% PIB) está muy por debajo del promedio de la OCDE (9% PIB). La OCDE concluye que “si bien Chile casi ha alcanzado la cobertura universal de salud, el sistema y su financiamiento es ineficiente e inequitativo”. Tenemos un Estado con una débil participación financiera (2%) y el tercer lugar en la OCDE con gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud (32%). Con ello se generan las condiciones para que existan barreras de acceso estructurales a atenciones de salud que no se solucionan meramente desde la mejor gestión clínica.
Un sistema de salud público desfinanciado difícilmente responderá a las necesidades de salud de su población. Es momento de hacer las reformas que Chile necesita y partir por lo más urgente, aumentar el presupuesto estatal en salud. Se requiere, antes que todo, una red de salud fortalecida con énfasis en la atención primaria, junto al necesario aumento de camas hospitalarias de alta complejidad. Una red, no sólo con mayores recursos físicos, sino también humano, con profesionales de salud adecuados en cantidad, distribución y especialización.
La situación asistencial que se agudiza en la época de invierno está presente durante todo el año pero se ha buscado minimizarla, dándole el carácter de “estacional”, ocultando del ideario colectivo la crisis permanente en que funciona la red pública. Lo anterior, sumado a la interpelación que recibimos de forma continua desde los pacientes y la ciudadanía debe movilizarnos a revitalizar nuestra convicción y compromiso ético profesional para aportar no solo desde una dimensión individual que por cierto todos ejercen en su día a día, sino también desde una mayor vinculación e intervención con nuestras instituciones públicas, velando por su eficiencia y excelencia, desde donde el Colegio Médico sea una herramienta para alcanzarlo.
