Como departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico Santiago, queremos hacer público nuestro profundo rechazo a las modificaciones realizadas de manera unilateral por las nuevas autoridades del Ministerio de Salud al protocolo de objeción de conciencia dictado a fines del gobierno anterior, en el marco de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
La nueva norma publicada en el Diario Oficial establece amplias facilidades para que tanto instituciones de salud privadas como equipos de salud completos se declaren objetores de conciencia, eliminando por ejemplo la obligación de las clínicas privadas que se quieran adscribir a la objeción institucional de argumentar las razones o adjuntar las actas en que el directorio tomó la decisión. Así también, la objeción de conciencia individual ya no queda sólo restringida al médico ginecobstetra que realiza el procedimiento, si no que a todo funcionario de salud que participe, directa o indirectamente en la atención de la mujer, lo que vulnera además el derecho a la atención y privacidad del diagnóstico.
Pero lo que resulta sin duda más preocupante, ya que se conjuga además como una medida que vulnera el acceso de mujeres FONASA a interrumpir su embarazo en las situaciones establecidas por la ley, es que la nueva norma elimina la restricción de las instituciones privadas que tienen convenios con FONASA en prestaciones ginecológicas a poder declararse objetoras de conciencia.
El nuevo ministro debe entender que las políticas públicas en salud no pueden hacerse como traje a la medida de las clínicas privadas o credos religiosos, el nuevo protocolo de objeción de conciencia pone en riesgo la salud de miles de mujeres que verán muy dificultado el acceso a una prestación médica que se encuentra asegurada por ley, lo que vulnera directamente sus derechos.
Queda de manifiesto que la voluntad de la nueva administración es transformar en letra muerta una ley que busca asegurar el derecho a un aborto seguro a mujeres que se encuentran viviendo situaciones extremas, violando sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a una atención de salud rápida y segura. Vemos con mucha preocupación las trabas que se están colocando en la práctica, las que obligarán a miles de mujeres a una lenta y larga peregrinación por diversos dispositivos de salud para tener la opción de acceder a una prestación, que por ley se encuentra ahora garantizada.
El nuevo protocolo transgrede bases fundamentales de los derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos en acuerdos suscritos por Chile, violentando a las mujeres y permitiendo que instituciones que las discriminan sigan recibiendo recursos de las y los chilenos y chilenas. Exigimos al Ministerio de Salud cumpla su rol y se preocupe del acceso a un derecho que por 27 años fue arrebatado a las mujeres de nuestro país y no de los ingresos de instituciones privadas.
Departamento de Derechos Humanos
Mesa Directiva
Consejo Regional Santiago
Colegio Médico de Chile A.G.
