La discusión del Presupuesto Nacional no es solo un problema de números; detrás de los montos que suben o bajan, hay prioridades, enfoques de país. Se trata de un instrumento clave de política pública que ha ido adquiriendo una excesiva complejidad y, muchas veces, deja a los actores sociales e incluso a muchos actores políticos fuera de la posibilidad de comprenderlo y, mucho menos, de aportar a su transformación. Eso le resta calidad a nuestra democracia, ya que finalmente el presupuesto incide directamente en el tipo de salud, de educación y de sociedad que construiremos cada año.
A solo semanas que el debate sobre el Presupuesto Nacional 2019 se dé por finalizado al interior del Congreso Nacional, es importante contrastar si lo expuesto por la autoridad sanitaria sobre las prioridades de su gestión para el próximo año se condice con los recursos que serán otorgados.
Lo primero que llama la atención es que el tan anunciado aumento del presupuesto de salud para 2019 es el menor, porcentualmente hablando, desde el retorno a la democracia. Desde 1990 a la fecha, ha habido incrementos notorios como el del primer gobierno de Bachelet o aumentos menores como durante el gobierno de Lagos, pero sin duda el punto más bajo lo encontramos en el monto que hoy se discute en el Congreso.
El 5,9% de aumento anunciado (porcentaje que baja a 4,9% si lo comparamos directamente con el presupuesto de Salud 2018), se traduce en un aumento en 485 mil millones que se concentraría en tres áreas principales: atención hospitalaria, inversiones de infraestructura y Atención Primaria.
Hasta ahí, más allá del exiguo aumento, pareciera coherente con las prioridades señaladas en el mensaje presidencial: “este presupuesto busca dotar de mayor infraestructura, gestión y resolutividad a nuestro sistema de salud, destinando recursos para nuevos Centros Comunitarios de Salud Familiar, nuevos Centros de Salud Familiar y nuevos Servicios de Urgencia de Alta Resolución, así como para la inversión en el nivel secundario y terciario de atención”.
Sin embargo, al profundizar se puede observar que el aumento en Atención Primaria es inferior al promedio del aumento en salud, por lo que difícilmente podría interpretarse como “prioridad”. ¿Qué significa? Que el per cápita sólo crece en un 3,06% y que las inversiones en infraestructura de APS lejos de crecer, ¡disminuyen!.
Si el incremento presupuestario no va a fortalecer APS, ¿adónde va? La mayor parte iría al ámbito hospitalario. Se señala que el aumento en este ítem sería de 10,7%, equivalente a 477.970 millones. Sin embargo, según la propia minuta explicativa del Minsal, aproximadamente 60% de ese monto proviene de los recursos que ya se ocupaban para financiar el 40% del sobregasto hospitalario año a año. En otras palabras, 267.800 millones no serían platas frescas, sino un reconocimiento en el presupuesto de aquello que ya constituía un gasto. Lo más irónico es que además se le pide a los hospitales aumentar la productividad con estos recursos, como si se tratara de dineros nuevos.
Por otro lado, llama la atención que si bien el aumento de inversiones se concentra en los hospitales, el ítem que sufre una mayor alza porcentual al interior de esta línea programática es el subsidio fijo a la construcción, el que crece en 38 mil millones; a esto se suma al incremento en 45 mil millones destinado a operaciones de los hospitales concesionados ya en funcionamiento. Cabe preguntarse cómo han sido elaborados estos contratos que terminan subsidiando construcción y operación, montos que aumentan sin mediar justificación, al tiempo que nos enteramos una y otra vez de graves incumplimientos de las empresas concesionarias, como lo que ha sucedido con Astaldi y el Hospital Félix Bulnes.
Por último, surgen serias dudas sobre la prioridad denominada “Hospital Digital” que si bien se expresa en la glosa del presupuesto, no queda claro su alcance en tanto proyecto. ¿Es una articulación de programas digitales ya existentes? ¿Es la continuidad del proceso de digitalización y modernización impulsado en años anteriores? ¿Es un nuevo proyecto que aún no se ha dado a conocer? No tenemos aún conocimiento de sus implicancias tecnológicas, sanitarias ni éticas, en términos concretos; las que incluso han sido puestas en cuestión por los propios Tribunales de Justicia al abordar la responsabilidad sanitaria en el marco de la telemedicina.
En resumen, las prioridades señaladas por la autoridad no logran ser respaldadas suficientemente en el aumento real que sufre el Presupuesto en Salud 2019. Si a eso, agregamos que existen áreas a las que incluso el presupuesto fue reducido, tales como: programas de APS de promoción y de alimentación del adulto mayor; prestaciones de seguridad social tales como el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) y las ayudas económicas; a nivel secundario y terciario, el fondo de tratamiento de enfermedades de alto costo, las prestaciones institucionales (PPI) y el Programa de apoyo al recién nacido; la fiscalización y regulación (ISP, Fonasa), así como el presupuesto de Cenabast; nos encontramos con un escenario francamente complejo para la Salud Pública, donde este histórico menor aumento del presupuesto de Salud para 2019 no sólo significa un “apriete de cinturón” en uno de los ámbitos más importantes de la sociedad con necesidades crecientes y cada vez más complejas, sino que es una señal política clara respecto a la prioridad, ausente, que se le da al sistema público de salud que atiende a la mayor parte de la población.
Dra. Natalia Henríquez Carreño
Presidenta
Consejo Regional Santiago
Colegio Médico de Chile
