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Al cumplirse un año desde la promulgación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, el martes pasado se publicó en el Diario Oficial el reglamento para la objeción de conciencia individual e institucional.
Sin embargo, la publicación no estuvo exenta de polémica, pues la Asociación de Abogadas Feministas, junto a distintas parlamentarias y diversas organizaciones, presentaron un recurso de protección en el que acusan al Gobierno de “seguir ampliando la objeción de conciencia a establecimientos que no pueden realizarlo”. Por otro lado, senadores de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente (UDI), volvieron a interponer ante el Tribunal Constitucional un requerimiento, pues no quieren que se condicione a los centros privados que se declaren objetores.
¿Dónde está el problema? en el artículo 13 del reglamento, que señala que los recintos privados, que tengan convenio con el Estado, es decir reciban aportes de Este, “no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”
Claudia Dides, directora ejecutiva de la Corporación Miles, organización que es parte del recurso, señaló en entrevista con El Mostrador que “no aceptamos este tipo de recursos que ha utilizado el Minsal, que ya en una primera instancia cambió un reglamento sin consultarle a la sociedad civil ni a ninguna organización. El ministro nos citó a una reunión con el Colegio de Matronas, la Sociedad de Neonatología, la Confusam y Miles y se comprometió a hacer una mesa de trabajo y eso fue en marzo y estamos en octubre”, añadió.
En tanto, el oficialismo arremetió contra el reglamento, presentando un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de revisarlo. Para los parlamentarios UDI y RN, el conflicto también está situado en el artículo 13, ya que no se puede obligar a las instituciones privadas por el solo hecho de recibir fondos públicos, y que las condiciones impuestas a estos centros que rechacen practicar abortos, vulnerarían derechos constitucionales. Así lo declaró la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselbergue, argumentando que “no es posible, no es aceptable que el Estado, porque tú firmas un contrato, porque te da recursos, porque no tienes la plata para poder llevar un proyecto privado adelante, te obligue a hacer cosas con las que tú no estás de acuerdo”.
Para nuestro Consejero, Dr. Gonzalo Rubio “lo más importante es que por fin hay protocolo”, aunque recalca la importancia del artículo número 13, actualmente en cuestionamiento, “pues es claro al determinar que los centros que se declaren objetores de conciencia no pueden recibir aportes públicos”. Y agrega “lo importante es que se asegure la atención de las mujeres y no les sea negada en ningún centro”.
