Fuente fotografía: emol.com __________________________________________________________________________________________
Hace unos días, la asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile) lanzó un video que, esperablemente, ha generado polémica en redes sociales y autoridades. Este básicamente muestra a figuras públicas criticando la ley de etiquetado de alimentos, con una serie de argumentos que, además de ser engañosos, evidentemente infantilizan a la población chilena.
Somos categóricos al decir que se trata de una estrategia para confundir a la población con respecto al etiquetado alimentario. Esto no sorprende, dado que detrás del video está AB Chile, compuesto por empresas como Andina, Coca-Cola, CCU, y Nestlé, que claramente defienden los intereses de la industria alimentaria: aumentar sus ganancias, sin importar los efectos que esto tenga sobre la salud de la población.
Además de criticar a las figuras públicas que se hicieron parte de este juego de la industria alimentaria –que hoy se viste de promotora de la alimentación saludable–, creemos necesario aclarar el rol que ha jugado en la ley de etiquetado, y debatir los supuestos planteados en el video.
c) “Todo tiene sellos”: Iván Guerrero, antiguo suspicaz rostro de periodismo político, nos sorprende tu supuestamente ingenua sorpresa al ver que todos los productos que comes tienen sellos. Según la Encuesta Nacional de Salud del 2010 (3), un 67% de los chilenos tiene exceso de peso. En la misma línea, Chile lidera en las tasas de obesidad infantil en América Latina. Es por esto mismo que fue necesario implementar la ley de etiquetado de alimentos, en función de poder disminuir estas cifras alarmantes que responden a nuestros patrones habituales de alimentación.
Escuchar a la industria alimentaria cuando se trata de regular el marketing y el consumo de lo que comemos es tan absurdo como consultarle a la industria de combustibles fósiles –uno de los grandes responsables del desastre del cambio climático– si acaso es pertinente desarrollar las energías renovables. Bombo Fica también encontraría sospechosa la cosa.
Esta iniciativa –que ha sido valorada positivamente por diversos países y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura– ha promovido que en ciertos casos la industria alimentaria, como por ejemplo Coca-Cola y Nestlé, haya tenido que adaptarse y cambiar sus fórmulas para tener alimentos dentro de la norma.
También, recientemente, gracias a la ley se han eliminado las caricaturas de los cereales infantiles. Esto es especialmente importante, ya que existe evidencia contundente para respaldar la eliminación de las caricaturas de este tipo de productos, puesto que, según estudios experimentales, este tipo de estrategia aumenta el interés de los niños en ellos y, además, particularmente cuando se trata de personajes conocidos, a los padres les resulta difícil negarse a las peticiones de los niños en cuanto a la adquisición de productos no saludables (4).
Hay una serie de mejoras que es posible introducir a la regulación del etiquetado nutricional y también se debe avanzar crecientemente en estrategias que permitan tanto aumentar la educación de la población con respecto a nutrición saludable, como también generar ambientes que promuevan lo mismo. Ahora, en lo que sí somos claros, es que ninguna de las propuestas planteadas por AB Chile van a favor del objetivo común de mejorar la nutrición y ni siquiera ameritan discusión.
Valoramos la existencia de debate público en torno a la Ley de Etiquetado de Alimentos –que está lejos de ser perfecta–, porque creemos que las políticas de salud deben ser objeto de deliberación colectiva y reflexión crítica. Ahora, la discusión debe hacerse sobre la base de evidencia y de valores sociales y no falseando los hechos para defender intereses empresariales. Por ejemplo, consideramos que debemos abrirnos a ir más allá y discutir sobre la posibilidad de generar un impuesto al azúcar, tal como se está estudiando realizar en Reino Unido sobre la base de una revisión sistemática de la literatura científica y como ya se ha hecho en México, Hungría y Francia (4).
Si se trata de buscar errores en el proceso de desarrollo e implementación de la ley en términos de la relación con la industria, no se relacionan precisamente con no haberla incorporado lo suficiente para evitar la pataleta que están haciendo ahora, sino justamente lo contrario: haber permitido que su lobbysurtiera efecto e impactara en diversos aspectos de la política, como el plazo que tomaría la plena vigencia de los niveles exigidos para los distintos nutrientes, que pasó de un año a cuatro, en cuyo tránsito además los umbrales irían cambiando, lo cual podría generar confusión a la población.
Como reza la sabiduría popular: si el río suena es porque piedras trae. No es azaroso que la industria esté haciendo la burda contracampaña que vimos hace algunos días sino que justamente responde a que sus intereses comerciales se ven afectados. Lamentablemente las diversas industrias, y en particular la industria alimentaria, no tienen en el centro de sus motivaciones la salud de la población ni otras consideraciones sino que cuidar sus ganancias es su interés nuclear, a cualquier precio. Ejemplos hay infinitos en el mundo y también en Chile, basta con recordar las recientes colusiones del papel higiénico o de los pañales.
Escuchar a la industria alimentaria cuando se trata de regular el marketing y el consumo de lo que comemos es tan absurdo como consultarle a la industria de combustibles fósiles –uno de los grandes responsables del desastre del cambio climático– si acaso es pertinente desarrollar las energías renovables. Bombo Fica también encontraría sospechosa la cosa.
Es por eso que hacerlo bien de verdad no es montar un show para vender mentiras, sino obstaculizar cada vez más el lobby de la industria, realizar esfuerzos más decididos para educar a la población, reducir las inequidades económicas que impiden el acceso a productos saludables, e incorporar a la comunidad, a profesionales de salud y salubristas en el diseño, evaluación e implementación de esta y otras políticas que apunten a una alimentación más sana para nuestra población.
Fuente: El Mostrador