Actualmente, existen tres hospitales concesionados funcionando, de Maipú, de la Florida y Antofagasta. Otros eran -a su vez- los proyectados en el primer gobierno de Piñera, sin embargo, uno de estos, el Hospital Salvador-Geriátrico, generó la reacción de la sociedad civil, que organizada a través de los gremios de la salud de esta institución decidieron poner freno a la concesión, cuestionando el costo que significaba para el Estado y las implicancias negativas en la administración y gestión de los centros de salud. Esto motivó a que se estableciera una Comisión Investigadora de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en 2014 la que tuvo dentro de sus conclusiones que: “el mecanismo de concesiones no resulta necesariamente más económico, ni asegura mejores plazos en la construcción y puesta en marcha de la infraestructura hospitalaria requerida, la que puede ser construida por vía sectorial”, indicando además que “la operación de los establecimientos concesionados, por no contar con los mecanismos contractuales adecuados, resulta extremadamente rígida y no permite ajustarse rápidamente a las necesidades asistenciales y sanitarias”, por lo que recomienda al Ejecutivo “no formular otros proyectos de infraestructura hospitalaria mediante el sistema de concesiones, a menos que estudios económicos concluyan que los costos de los proyectos sean equivalentes a los desarrollados en forma directa o de manera sectorial y en la medida que se contemplen fórmulas de gestión que permitan su cabal operación por parte de su responsable”.
Cabe señalar que durante este proceso de investigación hubo quienes defendieron el modelo de concesiones, tal fue el caso del entonces Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado Parot, quien aseguraba que los hospitales concesionados tenían un menor costo y menor tiempo de construcción, obteniendo las “personas más y mejor infraestructura para su atención y equipamiento de primer nivel”, destacando el “trabajo conjunto entre el sector público y el privado” como una “alternativa eficiente para que el país“. Términos similares son los empleados ahora por el jefe de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, Luis Barrios, cuando señala que “Dado que no tenemos posibilidad de contar con más recursos públicos, vamos a optar por una modalidad distinta de financiamiento que estamos llamando Asociación Público-Privada, APP”.
En un punto sin duda nos podemos poner de acuerdo, Chile tiene un déficit de infraestructura hospitalaria y por tanto de camas, la diferencia surge en cual creemos, es el mejor mecanismo para alcanzar esta meta, considerando no solo criterios inmediatos sino teniendo presente el mayor beneficio para la atención de los pacientes, la gestión institucional y las arcas fiscales que son patrimonio de tod@s l@s chilen@s.