La historia es una construcción continua y la historia en torno a los derechos sexuales y reproductivos aún tiene un largo camino que recorrer. En esa ruta, han dejado su impronta los movimientos feministas desde principios del siglo XX, luchando por la igualdad de derechos y el reconocimiento de la autonomía del cuerpo, lo que sumado al desarrollo de métodos anticonceptivos, de barrera y hormonales, cambiaron la manera de entender la sexualidad y el rol social principalmente reproductivo asignado hasta entonces a las mujeres.
Sin embargo, estos avances parecen no ser capaces de calar aún paradigmas enquistados en parte de la sociedad actual que resiste la libertad corporal y sexual, y con ello, los desafíos sanitarios que esto conlleva parecen quedar invisibilizados. Podríamos decir que muchos aún están en una “etapa de negación”.
El inicio de la sexualidad a muy temprana edad es un hecho, al igual que el embarazo adolescente, la transexualidad, el aumento de la transmisión del VIH, también lo son la violencia sexual, las violaciones, los femicidios.
El debate público ha empezado a dar respuesta, aún tardía e insuficiente, a varios de estos asuntos, en tanto constituyen hechos sociales. La Ley de interrupción del embarazo por tres causales aprobada en octubre del año pasado es reflejo de aquello, de cómo la deliberación democrática nos permite acordar y materializar cambios en favor de una realidad que nos interpela. Asimismo, las restricciones que sufrió esta legislación en el Tribunal Constitucional nos mostraron que aún operan en nuestro país instituciones capaces de desafiar la democracia y de imponer conceptos, como la objeción de conciencia institucional, a todas luces cuestionable.
En la misma línea, causó sorpresa y molestia la modificación unilateral por parte del Ministerio de Salud del protocolo que ponía en práctica la nueva legislación de aborto por tres causales, a menos de un mes de asumir, permitiendo que instituciones privadas de Salud que reciben amplio financiamiento estatal puedan hacer uso de la “objeción de conciencia” sin mayor trámite. La medida inconsulta puso en tensión el acuerdo social democrático al que se llegó el año pasado en torno al tema; dejando en evidencia que los cambios políticos requieren de cambios culturales que los consoliden y viceversa.
Eso explica el revuelo que esto ha causado y que hoy tiene al ministro de Salud sometido a una instancia de interpelación en el Congreso Nacional, la cual pudo perfectamente haberse evitado y conversado previamente con los actores sociales involucrados. Del mismo modo, también se pudo prever la ansiedad que provocaría en el equipo de Salud y en la propia población usuaria los cambios de reglas repentinos que afectan el ejercicio profesional y la confianza en la relación médico-paciente.
Hoy sabemos no solo de clínicas que han anunciado que suscribirán la “objeción de conciencia” sino también de hospitales públicos, donde la totalidad de sus especialistas en el área ginecobstétrica se han declarado objetores. En otras palabras, en vez de facilitar la implementación de la ley, se impulsaron medidas que amplifican los temores y angustias en la sociedad, alimentando una cultura resistente al cambio.
Así como en el campo político, se necesita fortalecer la capacidad de diálogo para evitar bochornos; en el campo cultural, debemos impulsar un trabajo mucho más sistemático y de mediano plazo para pasar de la “negación” a la “aceptación”; una labor que involucrará modificaciones en la educación escolar y universitaria, en la formación de los futuros colegas y del involucramiento activo de la sociedad organizada en la promoción y enseñanza en derechos sexuales y reproductivos. Aquellos y aquellas que creemos en la medicina social tenemos una gran tarea por delante.
