Dr. Camilo Bass Del Campo Vicepresidente Colegio Médico Santiago

Resulta sorprendente observar un ministro de salud que se dedique a esquivar los graves problemas presentes en el sistema público, sobre todo cuando no solo trabajadores/as del sector hemos denunciado públicamente estos hechos, sino que las casi 14 millones de personas que se atienden en consultorios y hospitales de nuestro país, los sufren día tras día. Las alternativas para que alguien “no quiera ver” esta dramática situación, sería porque vive en un mundo demasiado arriba de “la cota 1.000” o que pretenda que desconociendo la verdad, puede convencer a otros/as, lo que realmente sería muy difícil, porque se requeriría estar fuera de la realidad.

Son conocidos desde hace décadas los serios problemas que arrastra el sistema de salud: en el caso de las personas que se atienden en los Centros de Salud del nivel primario (CESFAM): falta de horas médicas y de otros/as profesionales, escaso tiempo para promoción, prevención, atención y rehabilitación de salud, falta de medicamentos y exámenes, falta de especialistas (medicas/os de familia), lo que repercute de manera grave en el resto del sistema; y para la atención hospitalaria: largas listas de espera, falta de recursos para una atención digna y de calidad, discriminación entre pacientes GES y No GES, desvío de recursos hacia el sistema privado (con el consecuente desfinanciamiento del sistema público), con el sistema de urgencia colapsado.

Nos encontramos con un país que tiene una alta carga de enfermedades crónicas, que no están siendo controladas y se están y seguirán manifestando con complicaciones a futuro. Además, una baja satisfacción usuaria. En un sistema de salud inequitativo en el acceso y en el financiamiento y una Constitución Política, que define la libertad de elección de aseguramiento como constitutivo de la seguridad social de salud, pero en la práctica transformado en dos sistemas para dos clases de ciudadanos/as de diferente tipo.

Sin embargo, el déficit de recursos impuesto por la actual administración, justificado en la contención del gasto público, ha generado una presión sobre el sistema no vista previamente, por lo menos desde el fin de la dictadura, restricción de medicamentos de primera necesidad, tanto en consultorios como en hospitales, así como otros insumos vitales para la atención de los/as pacientes, déficit el inversión y en salarios. Esta situación ha llevado no solo a una tensión entre las personas que buscan atención y los/as que atendemos, sino que detrás de este cruel escenario, denunciado también por directores de establecimientos, lo más probable es que sobretodo en estos últimos meses, se haya producido un aumento del fallecimiento de personas por falta de oportunidad de atención.

Por otro lado, nos encontramos con 2 situaciones impulsadas por el ejecutivo, que solo hacen “echarle más leña al fuego”, me refiero a:

– Proyecto de ley de presupuesto 2020: al analizar la propuesta de financiamiento para la atención primaria, nos encontramos con un aumento del per cápita muy debajo de las expectativas, impidiendo garantizar lo mínimo necesario para las atenciones en los consultorios públicos. En el caso de los hospitales, se propone un cambio importante en el mecanismo de financiamiento, si bien la metodología a utilizar GRD (Grupos Relacionados de Diagnóstico), podría ser considerada una buena alternativa en pro del déficit crónico de recursos, su implementación genera un desafío mayor, del que muchos dudamos se encuentre el sistema preparado, por lo que podríamos estar frente a un potencial nuevo transantiago, ahora en salud, por lo que “el remedio será peor que la enfermedad”.

– Reformas de salud planteadas por el gobierno, si bien hay coincidencia en la necesidad de modificar la situación actual, los proyectos de Ley de ISAPRE y FONASA plus, se refieren más bien a mejorar los ingresos del sector privado y a ampliar las compras desde el sector público. Postergando un debate más a fondo sobre el modelo de atención, acerca de cómo mejorar la atención y la salud de la población.

Para enfrentar estos problemas, se requiere una profunda transformación del sistema de salud chileno, con un financiamiento solidario y una provisión de servicios de calidad en la red asistencial pública, que resuelva efectivamente los problemas de salud de la población en todos sus niveles. El Sistema de Salud debe orientarse desde una perspectiva multisectorial, considerando el enfoque de los determinantes sociales de salud, para resolver de forma integral los problemas presentes en el estado de salud de la población, con una APS fuerte.

Como ejemplo, existe suficiente evidencia que fortalecer la atención primaria (AP) permitiría “liberar” hasta un 17% de los días cama hospitalarios que hoy son ocupados por no haber tomado las precauciones necesarias en el nivel primario y que permitirían reducir de manera significativa las listas de espera a precios menores que las compras privadas. En efecto, episodios de diabetes tipo 2, asma y otras enfermedades de las vías respiratorias, infección renal y de vías urinarias, neumonía bacteriana, úlceras del aparato digestivo, entre otras, que podrían haber sido resueltas en AP antes de llegar a la hospitalización. Estas patologías ocuparon en 2018 más de un millón de días-cama del sistema público del país.

En este contexto, donde durante más de 45 años la sociedad chilena ha caminado por las veredas del neoliberalismo sin que existan respuestas sustantivas en el plano de las relaciones sociales, laborales y económicas, a pesar de la desigualdad y exclusión reinante. Esta injusta realidad, conocida por todos/as y avalada por 6 gobiernos (Concertación y derecha),, muy bien descrita en el Informe (hacia un desarrollo inclusivo) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hace más de 10 años, donde se refiere: “… persiste una inaceptable desigualdad de ingresos y de los niveles y calidad de vida, al tiempo que aumenta la percepción de exclusión social. (…) estos resultados persistirán en el futuro, a menos que se reflexione sobre las características del tipo de crecimiento económico vigente y se adopte una estrategia de desarrollo renovada de largo plazo conducente a un desarrollo inclusivo con equidad creciente.”. Las actuales manifestaciones ciudadanas, que debido a la inoperancia del gobierno han escalado a niveles insospechados, dan cuenta de la inequidad brutal que ha conducido a una precarización vergonzosa de lo que todos/as debiéramos considerar derechos irrenunciables.

Se hace necesario, trabajar la capacidad de alianzas de los movimientos políticos y sociales, para que lleven a cabo las transformaciones que requiere un nuevo sistema nacional de salud, bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, gratuidad y ausencia de lucro. Y de una vez por todas, contemos con gobiernos y ministerios que estén a la altura de los desafíos y no resguardando intereses mezquinos, para que en Chile la salud (al igual que el resto de los derechos sociales) deje de ser un bien transable en el mercado.

Camilo Bass del Campo