El pasado 20 de junio el Instituto de Salud Pública de la UNAB publicó un estudio sobre los supuestos impactos que la nueva Constitución tendría en los ingresos médicos. Al respecto, queremos señalar que:
La publicación omite en su análisis importantes aspectos del funcionamiento de nuestro sistema actual de salud y de lo que plantea (o no plantea) el texto de 1 artículo y 11 incisos relativos al Derecho a la Salud en la nueva Constitución.
Lo primero y fundamental en un estudio que aspira a una rigurosidad científico- técnica, es la declaración de “ausencia de conflictos de interés” que dicho estudio omite, donde uno de sus principales artífices es, como él mismo señala en su perfil, “creador, gestor y socio de la empresa privada de servicios de salud ambulatorios más grande de Chile”.
En su resumen ejecutivo, el texto construye un relato en base al reconocimiento y aprecio social de la población por el esfuerzo de los profesionales de la salud frente a la pandemia; reconocimiento y apoyo que luego reduce a una mera discusión salarial, y luego reduce aún más, a las prestaciones privadas.
El análisis se estructura en base a supuestos que no contemplan que un nuevo sistema de aseguramiento implica actualizar o cambiar los mecanismos de pago como vínculo asegurador – prestador, y aplica una lógica lineal, con un seguro único y dando por hecho el fin de los prestadores privados.
El estudio plantea dos escenarios. En el primero, se asume que al eliminarse las ISAPRE el 50% de sus beneficiarios accederá a seguros complementarios. Este número es bajo, considerando que aún con la existencia de las ISAPRE, la última ENS muestra que más de un 15% de los/as jefes de hogar tiene seguro complementario, y datos de la Superintendencia del 2015 señala que los recursos destinados a seguros complementarios de salud fueron de 17 millones de UF. En la práctica, 2 de cada 3 personas cotizantes de ISAPRE tienen excedentes en su cotización que podrían destinar a esto. Además, es imaginable que el mercado de seguros complementarios sufra una reestructuración importante tras una reforma de estas características, y que se creen seguros menos comprehensivos en su cobertura, pero que a la vez permitan acceso a un mayor número de personas. Estos mismos errores en los supuestos se repiten para el escenario 2, lo cual no profundizaremos en este escrito.
La propuesta de poner fin a las ISAPRE no guarda relación alguna con el fin de la medicina privada. Desde sus inicios, y por cierto antes de la existencia de estas, en Chile existía el ejercicio libre de la profesión, el cual también se ha visto afectado de manera nociva por la coacción que ejercen estas instituciones en sus beneficiarios, exacerbada por la integración vertical con prestadores privados.
Basta con mirar otros países, donde coexisten la medicina pública y privada, y donde el Estado actúa favoreciendo el derecho a la salud a través de una política sanitaria de carácter pública, solidaria, integral y nacional. En Japón, por ejemplo, los ciudadanos pueden optar entre una asistencia médica pública o un hospital o clínica privada. La mayor parte de la población tiene un seguro de salud público que varía según los ingresos familiares. Para las prestaciones o medicamentos no cubiertos por el sistema público se suele recurrir a seguros privados.
En nuestra larga historia sanitaria, desde la creación del actual sistema de salud, se han conformado dos comisiones presidenciales (en Piñera 1 y Bachelet 2) que abordaron extensa y ampliamente el tema de las ISAPRE. Ambas Comisiones trabajaron bajo la coordinación de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, concluyendo que, luego de más de 30 años de existencia, éstas no eran la mejor alternativa de seguro financiero sanitario para Chile, y que era conveniente que se transformaran en seguros complementarios de salud, tal como podrían integrarse al Sistema Nacional de Salud que plantea la nueva Constitución.
Desde el punto de vista financiero, el estudio de la UNAB no considera la permanente interacción y codependencia que existe entre el sistema público y el privado, que es mucho mayor que la Modalidad de Libre Elección (MLE), como por ejemplo a través de la Ley de Urgencia, compra de servicios/camas integrales/camas UCI y el PAD.
Llama la atención que, enfrentados a los graves problemas de acceso de una parte mayoritaria de la población a una salud de calidad, una institución universitaria se centre en un análisis conjetural de los supuestos efectos negativos en el ingreso individual que traería para una determinada profesión la propuesta de derechos sociales en salud consagrada en el texto de la nueva Constitución. La orientación corporativista del estudio refuerza el estigma hacia la profesión médica que se ha instalado en la opinión pública, con profesionales orientados más al lucro que al servicio de las necesidades de las personas.
Ninguna mención hace este estudio sobre el sistema universal (no único) integrado, basado en la Atención Primaria, que se plantea en la nueva Constitución, y que daría paso a otra forma de relación contractual del personal de salud (no solamente del mundo médico), y que implicará recursos que en este momento no se reciben, por lo que la supuesta reducción de ingresos planteada podría compensarse por otra vía.
Como profesionales de la salud, comprometidas con un sistema que ponga al centro de las preocupaciones a las personas, esperamos que la necesaria discusión sobre estos temas se realice con la actitud científica y sanitaria, crítica y analítica que Chile espera de las y los profesionales de la salud.
